Que Donald Trump no confía en los fabricantes chinos es un hecho. Desde que truncara las esperanzas de Huawei de desembarcar por todo lo alto en Estados Unidos gracias a una alianza con una de las mayores operadoras del país y, poco tiempo después, impusiese una multa millonaria a ZTE, apenas han pasado ocho meses. Mientras, no han dejado de proliferar informes que afirman una supuesta «conexión comunista» de estas compañías con el gobierno de China. El eco ha llegado tan lejos que ya no se trata de una teoría de la conspiración defendida únicamente por Trump: ante las próximas elecciones para decidir quién será el candidato demócrata a la Presidencia, el Comité Nacional Demócrata ha pedido a los aspirantes que ni ellos ni sus colaboradores operen con equipos de estas marcas. Es más, fuera de EE. UU., los gobiernos de otros países, como Australia o Reino Unido, empiezan a compartir las mismas sospechas: los dispositivos chinos no son fiables en el terreno de la seguridad.

Este lunes, EE.UU. ha llegado a la culminación oficial de su rechazo a estos grandes fabricantes. Su actual presidente ha firmado la nueva ley de Defensa, donde se incluye la prohibición de utilizar tecnología de Huawei (que se ha colocado como segunda compañía en ventas mundiales de smartphones, por detrás de la surcoreana Samsung y adelantando a la norteamericana Apple) y ZTE. Ningún funcionario del Gobierno o contratista del mismo podrá usar dispositivos ni sistemas de estas compañías, que estarán vetadas de forma efectiva dentro de dos años, cuando la ley entre en vigor.

Pero esta prohibición no afecta únicamente a estos fabricantes. Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology o Dahua Technology, y, en general, cualquier otra entidad que la Secretaría de Defensa considere que se trata de una entidad «propiedad de o controlada por, o conectada» con el Gobierno de la República de China se encuentran en el punto de mira del gobierno de Trump. Los investigadores, que también han contado con el apoyo de directores de Inteligencia Nacional y el FBI, recelan de estas empresas por posibles «deudas» con la administración de su país, quien tiene claramente el objetivo de regular y controlar las nuevas tecnologías. Por ejemplo, plataformas como Facebook o Google se encuentran vetadas, o tienen versiones «censuradas» adaptadas para el público chino, como Linkedin.
Telecomunicaciones y vigilancia
En concreto, la sección 889 de la ley de Defensa, que autoriza el gasto militar, prohíbe ciertos servicios o equipos de telecomunicaciones y videovigilancia tanto para su uso como su adquisición fabricados por Huawei y ZTE, así como sus filiales. Estas acciones se justifican en la seguridad pública de las instalaciones gubernamentales, la vigilancia física de infraestructuras físicas y otros propósitos de seguridad nacional. Afectan a su uso o adquisición por parte del Gobierno, de la Comisión Federal de Comunicaciones o los contratistas.

Se suman así a la reciente prohibición por parte del Departamento de Defensa que, en el terreno de tecnología, ha vetado a sus funcionarios utilizar aplicaciones de geolocalización, lo que incluye herramientas que contabilizan el ejercicio físico o pulseras de actividad, además de teléfonos móviles o dispositivos inteligentes que puedan revelar la ubicación. Los recelos ante estos aparatos y programas vienen por la polémica causada por la filtración de datos de las herramientas de fitness Strava y Polar, que revelaron localizaciones de bases secretas norteamericanas e información personal de agentes militares estadounidenses como nombres completos e incluso direcciones físicas.

China pide que no se frene a sus empresas
La respuesta por parte del Ejecutivo chino no se ha hecho esperar. El gobierno ha reclamado que Trump trate a sus inversores de forma «objetiva y justa» y que no utilice «la censura de la seguridad nacional como un obstáculo» para frenar la cooperación en inversión entre las compañías de ambos países.

«China llevará a cabo una evaluación exhaustiva del contenido de la propuesta de ley y seguirá de cerca el impacto que tenga su implementación en las compañías chinas», afirmó el Ministerio en un comunicado, ahondando en el potencial que ambas potencias tienen para «profundizar en su cooperación de inversión». «Los gobiernos de los dos países deben responder a sus peticiones y ofrecerles un buen ambiente y unas expectativas estables», reivindicó.

Por su parte, las tecnológicas siempre se han querido desvincular de las sospechas de espionaje, afirmando que se trata de empresas privadas que en ningún caso operan bajo los mandatos del gobierno chino.

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